Consulta pública previa y modificación de Ordenanzas (títulos habilitantes)

Con la proliferación de normas autonómicas de simplificación administrativa y reactivación económica tras el Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que ya tratamos en el blog en varias entradas; surge la necesidad de la modificación/adaptación de las ordenanzas de intervención administrativa (títulos habilitantes), para dar cabida a la instauración de las figuras de la Comunicación Previa (CP) y de la Declaración Responsable (DR).

En el trámite de la modificación de las citadas normas reglamentarias aflora la duda sobre si es necesaria la Consulta Pública Previa del art. 133 de la LPAC, basada en su apartado 4 (regulación parcial de la materia).

En aras del principio de seguridad jurídica y en el mismo art. 133.4 de la LPAC, la introducción de estos títulos habilitantes, entendemos que, supone tanto un impacto significativo en la actividad económica, como impone obligaciones relevantes a los destinatarios; por lo que sí sería preceptivo el trámite de consulta.

La tramitación administrativa de estos títulos habilitantes conlleva modificar el régimen de control “ex ante” por el “ex post”, lo que implica entre otras cuestiones, que las autorizaciones sectoriales deban ser solicitadas y obtenidas por los interesados (adjuntándolas a la presentación del título habilitante), así como el desplazamiento de la responsabilidad a estos últimos.

De este modo, está clara la incidencia en la esfera jurídica de los destinatarios y en sus obligaciones, que podemos calificar de relevantes.

Como ejemplo, podemos traer a colación la Consulta Pública Previa a la modificación de la Ordenanza de Edificación del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, dónde entre los “Objetivos de la norma” señala expresamente:

“Muchos de los cambios introducidos derivan de instrucciones o resoluciones existentes emitidas por este Organismo que se han incorporado a la ordenanza por constituir su contexto jurídico más adecuado. Así, se incorpora el contenido de la instrucción sobre los “Criterios interpretativos relativos a la Ordenanza Reguladora de los regímenes de intervención en materia urbanística: Licencias y comunicaciones previas”, la instrucción “aclaratoria del apartado 7, del artículo 8.3.2 Plaza de aparcamiento, de las Ordenanzas de Edificación” o la Resolución de fecha 30 de abril de 2018 respecto de la “relación de obras y usos que tienen la consideración de provisionales sobre suelos urbanos consolidados”, entre otros”.

“Otro de los principales objetivos que han motivado la modificación de la ordenanza ha sido la de mejorar la intervención administrativa simplificando la normativa de aplicación evitando dificultades en la elaboración de proyectos y de la documentación técnica en general. Así, se ha derogado la Ordenanza Municipal Reguladora de los Regímenes de Intervención en Materia Urbanística: Licencias y Comunicaciones previas (BOP nº 23, 22 de febrero de 2017) remitiendo a la vigente Ley del Suelo la mayor parte de su contenido, incluyendo únicamente el régimen de las comunicaciones previas de primera ocupación y de las condiciones de habitabilidad establecidos en el decreto de habitabilidad vigente, y el anexo III que recoge la parte referente a la documentación exigible en la tramitación de las licencias y comunicaciones previas (la vigente Ley del Suelo se remite a las ordenanzas locales para especificar la documentación que ha de acompañar a la solicitud de licencias o la presentación de comunicación previa). Para completar la intervención administrativa sobre las obras y usos del suelo, se incluye el capítulo 3 del título I, las circunstancias específicas en la tramitación de licencias urbanísticas en los casos que conlleven demolición, movimientos de tierra o exista simultaneidad con la urbanización exterior”.

https://www.santacruzdetenerife.es/participa/legislation/processes/13/debate

Las consecuencias de la omisión de este trámite (defecto sustancial), son la posible nulidad de la Ordenanza tramitada ex art. 47.2 de la LPAC, como así se ha pronunciado la jurisprudencia.

Así, la STSJ Illes Balears (Contencioso), sec. 1ª, S 30-11-2020, nº 610/2020, rec. 342/2017, refuta la alegación del Ayuntamiento de que la modificación de la Ordenanza no suponía un impacto significativo en la actividad económica, ni imponía obligaciones adicionales a los destinatarios de la misma, de la siguiente manera:

(… Y es evidente que sí impone obligaciones a los destinatarios titulares de las actividades, que incluso puede conducirles en caso de incumplimiento a un régimen sancionador.
En definitiva, la información pública prevista en el artículo 133 de la Ley 39/2015 se configura por el legislador como un trámite preceptivo y no meramente facultativo del que podrá prescindirse sólo en los determinados y concretos casos expuestos (…)“.

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