Acceso total al trabajo de un arquitecto municipal

En el ámbito urbanístico, siempre surge la duda dentro de la acción pública, acerca del acceso/copia a los expedientes y qué información concreta dar.

La Resolución RT 0760/2021 del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) deja a las claras que la transparencia se abre cada vez más paso.

El objeto de la solicitud era prácticamente todo el trabajo desarrollado por el arquitecto municipal:

«Copia digital de los informes preceptivos firmados por ese arquitecto. Idem de las actas de inspección firmadas por ese arquitecto. Copia digital de los encargos profesionales a dicho arquitecto. Copia digital de los informes jurídicos aportados a todos los expedientes correspondientes.»

La Resolución estima la reclamación presentada, citando expresamente la STS de 11 de junio de 2020 (ECLI: ES:TS:2020:1558) en los siguientes términos:


«La Exposición de Motivos de la Ley 9/2013, de diciembre, establece que el derecho de acceso a la información pública, del que son titulares todas las personas, solamente se verá limitado en aquellos casos en que así sea necesario por la propia naturaleza de la información o por su entrada en conflicto con otros intereses protegidos; y, en fin, que, en todo caso, los límites previstos se aplicarán atendiendo a un test de daño (del interés que se salvaguarda con el límite) y de interés público en la divulgación (que en el caso concreto no prevalezca el interés público en la divulgación de la información) y de forma proporcionada y limitada por su objeto y finalidad.

Este Tribunal ha tenido ocasión de señalar -STS nº 1547/2017, de 16 de octubre de 2017 (rec. 75/2017) y STS 344/2020 10 de marzo de 2020 (rec. 8193/2018)- respecto a los límites oponibles frente al acceso a la información pública, que: «[…] La formulación amplia en el reconocimiento y en la regulación legal del derecho de acceso a la información obliga a interpretar de forma estricta, cuando no restrictiva, tanto las limitaciones a ese derecho que se contemplan en el artículo 14.1 de la Ley 19/2013 como las causas de inadmisión de solicitudes de información que aparecen enumeradas en el artículo 18.1, sin que quepa aceptar limitaciones que supongan un menoscabo injustificado y desproporcionado del derecho de acceso a la información».
De manera que solo son aceptables las limitaciones que resulten justificadas y proporcionadas, así lo dispone el artículo 14.2 de la Ley 19/2013: «[…] 2. La aplicación de los límites será justificada y proporcionada a su objeto y finalidad de protección y atenderá a las circunstancias del caso concreto, especialmente a la concurrencia de un interés público o privado superior que justifique el acceso». Por tanto, la posibilidad de limitar el derecho de acceso a la información no constituye una potestad discrecional de la Administración y solo resulta posible cuando concurra uno de los supuestos legalmente establecido, que aparezca debidamente acreditado por quien lo invoca y resulte proporcionado y limitado por su objeto y finalidad.” (FJ. 3º).

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