La colaboración público privada urbanística en Andalucía

El pasado 2.12.2022 se ha publicado en el BOJA el Decreto 550/2022, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de impulso para la sostenibilidad del territorio de Andalucía.

El Reglamento que desarrolla la LISTA ha regulado en el Capítulo IV de su Título I (arts. 9 y ss) la colaboración público privada en la actividad territorial y urbanística, como viene siendo habitual en los últimos tiempos (Galicia, Valencia, Madrid, Cataluña).

Incorporan expresamente a los Colegios Profesionales, tomando como ejemplo el Decreto Valenciano 62/2020, de 15 de mayo, del Consell, de regulación de las entidades colaboradoras de la Administración municipal en la verificación de las actuaciones urbanísticas y de creación de su registro.

Tras la reciente STSJV nº 566/2022 de fecha 21.09.2022 (nº rec. 88/2020), el legislador andaluz se ha curado en salud y en el art.10.3 del Reglamento establece que, no será preceptiva la inscripción de los Colegios Profesionales en el Registro de Entidades Urbanísticas Certificadoras.

El art. 15 del Decreto resalta que el contenido de los informes o certificados de las Entidades Urbanísticas Certificadoras no tendrá carácter vinculante para la Administración, sin excepción alguna; subrayando a continuación que, en todo caso, será necesaria la
emisión de los preceptivos informes municipales que deberán pronunciarse de forma expresa sobre la adecuación de la actuación objeto de intervención administrativa.

De este modo, se separa por ejemplo del caso Gallego, donde el art.54.2 de la Ley 9/2021, de 25 de febrero, de simplificación administrativa y de apoyo a la reactivación económica de Galicia, señala expresamente que, cuando una solicitud de licencia urbanística se presente acompañada de una certificación de conformidad en los términos establecidos por este artículo, los informes técnicos y jurídicos municipales sobre la conformidad de la solicitud con la legalidad urbanística previstos por el artículo 143.2 de la Ley 2/2016, de 10 de febrero, del suelo de Galicia, serán facultativos y no preceptivos.

Respecto al Registro de Entidades Urbanísticas Certificadoras (REUCA), el art. 16.5 destaca que su inscripción tendrá efectos de carácter constitutivo y habilitará a la entidad para efectuar sus tareas y entrará en funcionamiento en un plazo no superior a nueve meses desde la entrada en vigor de este Reglamento (DT 11ª).

Como ya venimos advirtiendo en el blog, la colaboración público privada en urbanismo ha venido para quedarse.

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