
El art. 69.4 de la LPAC dispone que, asimismo, la resolución de la Administración Pública que declare tales circunstancias podrá determinar la obligación del interesado de restituir la situación jurídica al momento previo al reconocimiento o al ejercicio del derecho o al inicio de la actividad correspondiente, así como la imposibilidad de instar un nuevo procedimiento con el mismo objeto durante un período de tiempo determinado por la ley, todo ello conforme a los términos establecidos en las normas sectoriales de aplicación.
Dicha «posibilidad» ha sido regulada por parte de las CCAA, así por ejemplo Galicia en el art. 19.3 del Decreto 144/2016, de 22 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento único de regulación integrada de actividades económicas y apertura de establecimientos (RIAE) estipula que, asimismo, podrá determinar la inhabilitación de la persona interesada para presentar ante el ayuntamiento una nueva comunicación previa para la misma actividad o establecimiento durante un período de tiempo determinado de entre tres meses y un año. La inhabilitación se establecerá, en su caso, en la misma resolución que declare la ineficacia de la comunicación previa, y para su imposición se valorará motivadamente la existencia de reiteración o reincidencia en el incumplimiento que dé lugar a la declaración de ineficacia.
Varias interesantes cuestiones surgen sobre esta inhabilitación.
En primer lugar, no cabe su declaración a posteriori; es decir, la resolución de ineficacia debe tratarla expresamente y fijar su concreto plazo (3 meses-1 año).
En segundo lugar, se ciñe a la persona interesada, no al establecimiento; por lo tanto, es una medida «ad personam» y no «ob rem«.
En tercer lugar, dado que se establece un plazo de entre tres meses como mínimo y un año como máximo, se subraya un indicador para baremar el plazo concreto (reiteración o reincidencia). Es decir, si no existe tal indicador, podría señalarse un plazo de tres meses; mientras si por ejemplo, ya fuera declarada una ineficacia con anterioridad, podría ser un plazo superior (ejemplo: 9 meses).
Evidentemente no estamos ante un número tasado de causas, por lo que entendemos que también debería valorarse si estamos ante una omisión, inexactitud o falsedad de carácter esencial (causa «agravada«: ejemplo seis meses); o por el contrario (por ejemplo) ante la causa de ineficacia del art. 17.1.c) del RIAE (la presentación de la comunicación previa ante una Administración incompetente para recibirla o cuando la actividad o establecimiento estuviese sometido a otro régimen de intervención administrativa) – causa «atenuada» -: tres meses.
Y en caso de reiteración y carácter esencial: un año.
Como suele suceder en estas cuestiones de baremación de medidas restrictivas de derechos de los interesados, deberá motivarse y fundamentarse por parte del Ente Local tanto la imposición como el plazo de duración de dicha medida.
