El «veto» a una nueva comunicación previa tras su ineficacia

El art. 69.4 de la LPAC dispone que, asimismo, la resolución de la Administración Pública que declare tales circunstancias podrá determinar la obligación del interesado de restituir la situación jurídica al momento previo al reconocimiento o al ejercicio del derecho o al inicio de la actividad correspondiente, así como la imposibilidad de instar un nuevo procedimiento con el mismo objeto durante un período de tiempo determinado por la ley, todo ello conforme a los términos establecidos en las normas sectoriales de aplicación.

Dicha «posibilidad» ha sido regulada por parte de las CCAA, así por ejemplo Galicia en el art. 19.3 del Decreto 144/2016, de 22 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento único de regulación integrada de actividades económicas y apertura de establecimientos (RIAE) estipula que, asimismo, podrá determinar la inhabilitación de la persona interesada para presentar ante el ayuntamiento una nueva comunicación previa para la misma actividad o establecimiento durante un período de tiempo determinado de entre tres meses y un año. La inhabilitación se establecerá, en su caso, en la misma resolución que declare la ineficacia de la comunicación previa, y para su imposición se valorará motivadamente la existencia de reiteración o reincidencia en el incumplimiento que dé lugar a la declaración de ineficacia.

Varias interesantes cuestiones surgen sobre esta inhabilitación.

En primer lugar, no cabe su declaración a posteriori; es decir, la resolución de ineficacia debe tratarla expresamente y fijar su concreto plazo (3 meses-1 año).

En segundo lugar, se ciñe a la persona interesada, no al establecimiento; por lo tanto, es una medida «ad personam» y no «ob rem«.

En tercer lugar, dado que se establece un plazo de entre tres meses como mínimo y un año como máximo, se subraya un indicador para baremar el plazo concreto (reiteración o reincidencia). Es decir, si no existe tal indicador, podría señalarse un plazo de tres meses; mientras si por ejemplo, ya fuera declarada una ineficacia con anterioridad, podría ser un plazo superior (ejemplo: 9 meses).

Evidentemente no estamos ante un número tasado de causas, por lo que entendemos que también debería valorarse si estamos ante una omisión, inexactitud o falsedad de carácter esencial (causa «agravada«: ejemplo seis meses); o por el contrario (por ejemplo) ante la causa de ineficacia del art. 17.1.c) del RIAE (la presentación de la comunicación previa ante una Administración incompetente para recibirla o cuando la actividad o establecimiento estuviese sometido a otro régimen de intervención administrativa) – causa «atenuada» -: tres meses.

Y en caso de reiteración y carácter esencial: un año.

Como suele suceder en estas cuestiones de baremación de medidas restrictivas de derechos de los interesados, deberá motivarse y fundamentarse por parte del Ente Local tanto la imposición como el plazo de duración de dicha medida.

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