«Better regulation» y Actividades Económicas

Lejos queda ya la Directiva de Servicios del 2006, que instauró el paradigma de «better regulation» en las actividades económicas.

Sin embargo desde la misma, no ha dejado de ser implementada sobre todo en los contextos de crisis (2008) y ahora en la actualidad (COVID 19).

Como ejemplos estatales recientes en este ámbito tenemos la aprobación del Real Decreto-ley 35/2020, de 22 de diciembre, de medidas urgentes de apoyo al sector turístico, la hostelería y el comercio y en materia tributaria y del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que han puesto el foco en la actuación de las distintas AAPP, de forma que el gran tema de debate es la reactivación económica y su puesta en marcha.

En el ámbito autonómico, la proliferación de normas en materia de simplificación administrativa de las actividades económicas a causa del COVID-19 está siendo creciente.

Andalucía:

– Acuerdo de 29 de abril de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma conocimiento de la elaboración y difusión por la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio de una Guía práctica de aplicación de la declaración responsable y la comunicación previa en materia de urbanismo.

– Decreto-ley 31/2020, de 1 de diciembre, de medidas extraordinarias y urgentes en materia de evaluación ambiental estratégica de determinados instrumentos de planeamiento urbanístico y para impulsar la realización de proyectos de absorción de emisiones en Andalucía, así como de apoyo económico a las entidades prestadoras de los servicios de atención residencial, centro de día y de noche, y centro de día con terapia ocupacional para personas en situación de dependencia, como consecuencia de la situación ocasionada por el coronavirus.

Baleares:

– Decreto ley 8/2020, de 13 de mayo de medidas urgentes y extraordinarias para el impulso de la actividad económica y la simplificación administrativa en el ámbito de las administraciones públicas de las Illes Balears para paliar los efectos de la crisis ocasionada por la COVID-19.

– Decreto Legislativo 1/2020, de 28 de agosto, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de evaluación ambiental de las Illes Balears.

Castilla y León:

– Decreto-Ley 4/2020, de 18 de junio, de impulso y simplificación de la actividad administrativa para el fomento de la reactivación productiva en Castilla y León.

Castilla La Mancha:

– Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha.

Extremadura:

– Decreto-ley 8/2020, de 24 de abril, por el que se adoptan medidas urgentes y extraordinarias para el mantenimiento y recuperación del empleo frente a la crisis ocasionada por el COVID-19.

Galicia:

– Proposición de ley de simplificación administrativa y del apoyo a la reactivación económica de Galicia (en tramitación).

Madrid:

– Ley 1/2020, de 8 de octubre, por la que se modifica la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid, para el impulso y reactivación de la actividad Urbanística.

Murcia:

– Ley nº 5/2020, de 7 de mayo, de mitigación del impacto socioeconómico del COVID-19 en el área de medio ambiente.

Navarra:

– Ley Foral 17/2020, de 16 de diciembre, reguladora de las Actividades con Incidencia Ambiental.

País Vasco:

Decreto 67/2020, de 19 de mayo, de modificación del Decreto por el que se desarrolla el Programa de apoyo financiero a pequeñas y medianas empresas, personas empresarias individuales y profesionales autónomas, para el año 2020, para responder al impacto económico del COVID-19.

Valencia:

– Decreto 62/2020, de 15 de mayo, del Consell, de regulación de las entidades colaboradoras de la Administración municipal en la verificación de las actuaciones urbanísticas y de creación de su registro.

– Decreto Ley 14/2020, de 7 de agosto, del Consell, de medidas para acelerar la implantación de instalaciones para el aprovechamiento de las energías renovables por la emergencia climática y la necesidad de la urgente reactivación económica, que modifica entre otras la Ley 6/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de prevención, calidad y control ambiental de actividades en la Comunitat Valenciana.

Cataluña:

– Ley 18/2020, de 28 de diciembre, de facilitación de la actividad económica.

Como podemos observar, la práctica totalidad de las CCAA han aprobado normas que tienen unas notas comunes:

A) Instauración y prevalencia de las Comunicaciones Previas (CP) y Declaraciones Responsables (DR) en el inicio de las actividades tanto inocuas, con incidencia ambiental como en materia de actividades recreativas y de espectáculos públicos.

B) Constante reducción de plazos en la tramitación administrativa (Urbanismo + Medio Ambiente + Actividades Económicas).

C) Planificación del control «ex post» y fomento de la colaboración privada.

D) Unificación de procedimientos e impulso a determinados proyectos.

E) Asociación simplificación administrativa-dinamización económica.

Sin duda, el recorrido de la simplificación administrativa en las actividades económicas va a continuar en los próximos años, en aras de la recuperación económica.